Frente Social por la Soberanía Popular respalda nuevo gravamen de Godezac

La Jornada Zacatecas/21 febrero

“A las empresas mineras no les asiste la razón cuando se oponen a pagar” el Impuesto Ecológico propuesto por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, pues sólo se aplicará a aquellas que contaminen, “si no contaminan, no tiene por qué preocuparse”, expuso José Santos Cervantes, dirigente estatal del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP).

Observó además que el gravamen se aplica a la extracción de “agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil, que son materiales no reservados a la Federación”.

Propuso que el Impuesto Ecológico es una medida tributaria “legítima y justa”, y si los consorcios mineros no están dispuestos a pagarlo o no quieren respetar las normas para proteger la biodiversidad existente en el estado, la administración estatal debe encontrar formas “para que el Gobierno Federal les retire las concesiones y las retome el Estado mexicano”.

No obstante el respaldo expuesto al gravamen acuñado en la presente administración, señaló también que el gobernador contradijo su propia Ley de Hacienda en la que incluyó el citado impuesto, al oponerse a la par al decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP) para el Desierto Semiárido de Zacatecas, “porque ha dicho que afectaría a la actividad minera”.

De esta manera señaló que dio “manga ancha” a las empresas extractivas, pues en su lógica, en la medida en que contaminen, “su gobierno recibirá más impuestos”.

La postura del FSSP entonces, es advertirle a Tello Cristerna que si quiere el respaldo del pueblo de Zacatecas frente a las mineras (quienes se han opuesto al gravamen de diferentes formas), “tendrá que defender” el cuidado de la biodiversidad del estado, “sobre todo”, en la zona que comprende el proyecto de declaratoria de la ANP bajo la figura jurídica de Reserva de la Biósfera.

El tema de la emisión de una recomendación dirigida al gobierno de Alejandro Tello en este sentido, fue planteado al relator de la ONU al momento de hablar con él hace pocas semanas, sobre el caso del conflicto entre los habitantes de la comunidad de Salaverna y la empresa de Carlos Slim Frisco-Tayahua, mencionó también Efraín Arteaga Domínguez, integrante del FSSP y representante en la entidad de la Unión de Trabajadores Agrarios (UNTA).

La organización expuso asimismo que la defensa de la zona es también un compromiso adquirido por México en la pasada COP13, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en la que se especifica la integración de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales, destacándose la preponderancia de aquellos agrícola, forestal, pesquero y turístico, y no así el minero.

El Frente reiteró también su planteamiento a la 62 Legislatura del estado de revisar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017, pues el gobernador está cobrando “impuestos sobre impuestos”, como en el caso del cobro del 20 por ciento más a la tarifa mínima de agua potable, por concepto de “alcantarillado”, expuso José Santos Cervantes.

Ante la negativa de los Legisladores de abrir un periodo extraordinario de sesiones para este propósito, no queda más que la inminencia del tiempo, pues el próximo primero de marzo deberán iniciar el periodo ordinario, en el que se insistirá aborden la revisión y modificación del Paquete Económico 2017, observaron.

El FSSP anunció una próxima movilización para exigir la apertura de la discusión de estos temas en el Congreso local, para la que aún no ofrecieron fecha, pues deberá consensarse con otras organizaciones.

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