¡Sí a los impuestos a las empresas mineras!, pero no a cambio del Área Natural Protegida.

DECLARACIÓN DE PRENSA

El Frente social por la Soberanía Popular considera que los denominados “impuestos ecológicos”, que el gobierno del estado de Zacatecas propuso y fueron aprobados en la nueva  Ley de Hacienda por la Legislatura del Estado para que las empresas mineras los paguen, es una medida tributaria justa y además legítima.

A las empresas mineras no les asiste la razón cuando se oponen a pagar puesto que el impuesto ecológico se aplicará a las empresas que contaminen; si no contaminan no tienen por qué preocuparse. Pero además se gravará la extracción de agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil, que son materiales que no se encuentran reservados a la Federación, y con los que hasta ahora hacen negocio redondo.

Sin embargo, el gobernador Alejandro Tello, contradice su propia Ley de Hacienda respecto de los impuestos ecológicos, cuando se opone al decreto de Área Natural Protegida, porque ha dicho que “afectaría la actividad minera”. Es decir, lo que en los hechos propone Tello es que las empresas mineras tengan manga ancha para la extracción de minerales, porque en la medida que contaminen, su gobierno cobrará más impuestos. Es decir, pareciera que la finalidad es recabar impuestos sin importar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad.

Si Tello quiere el respaldo popular, es decir, el respaldo del pueblo zacatecano frente a las empresas mineras que contaminan y para que paguen ese impuesto, tendrá que defender al mismo tiempo el medio ambiente, y la biodiversidad, sobre todo en el territorio que abarca la actual propuesta de Área Natural Protegida en el semidesierto zacatecano, con categoría de reserva de la biosfera.

Porque defender al Área Natural Protegida es un deber sagrado y además es un compromiso que nuestro país adquirió recientemente de la Conferencia de las Partes (COP 13) celebrada en Cancún, Quintana Roo, en cuanto a la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico. Es decir, el énfasis está en estos sectores y no en la actividad minera.

Además, señalamos lo siguiente:

  1. La falta de responsabilidad tanto de los asesores del ejecutivo como de los diputados locales que aprobaron la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, porque cometieron un error garrafal por la cantidad de 300 millones de pesos, que tendrán que corregir. En la mencionada Ley publicada en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, no coinciden las cifras de los “impuestos ecológicos” que se supone serán por los siguientes conceptos: por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, 400,000,000.00; de la Emisión de Gases a la Atmósfera 130,000,000.00; de la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua 200,000,000.00; y, al Depósito o Almacenamiento de Residuos 200,000,000.00 En total esto suma 930 millones de pesos, aunque en la Ley de Ingresos dice que son 1,230 millones de pesos.
  2. Resulta que ahora Tello nos está cobrando por alcantarillado un 20% más en el servicio de agua potable, y nada más falta que nos cobre después otro 20% por el saneamiento. O sea por las plantas de tratamiento que ya las hemos pagado varias veces. Es decir, la ciudadanía ya está pagando el impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, mientras que las empresas mineras no lo pagan.
  3. También opinamos que otros impuestos son totalmente injustificados, como el Impuesto Adicional para Infraestructura, el Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas, entre otros.

El gobierno de Tello está condenando al pueblo a pagar impuestos doble o triplemente.

Por todo lo anterior, seguimos planteando que la Legislatura del Estado revise la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda 2017, con el fin de que no se afecte al pueblo, y que sea el capital el que pague impuestos y no el trabajo.

En el mismo sentido, exigimos se modifique el Presupuesto de Egresos 2017; deben suprimirse o disminuirse sustancialmente partidas presupuestales dispendiosas (como las destinadas a “Pago de estímulos a servidores públicos” por 678 millones 656 mil 160 pesos; o a “Herramientas legislativas”, por 61 millones 200 mil pesos, entre otras), y reasignar esos recursos para la atención de necesidades sociales impostergables.

Y en el caso de las empresas mineras, si no quieren pagar impuestos o no respetan las normas para proteger la biodiversidad, el gobierno estatal deberá encontrar las formas para que el gobierno federal retire las concesiones y las retome el Estado mexicano.

Al mismo tiempo, estamos considerando la fecha adecuada para una movilización popular, a fin de que la Legislatura del Estado convoque ya a un periodo extraordinario de sesiones y analice el pliego petitorio que fue entregado el 30 de enero pasado.

ATENTAMENTE

Zacatecas, Zac., 20 de febrero de 2017

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